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La preservación del Medio Ambiente está ligado a los diversos sistemas logísticos, lo que ha llevado a la creación de la denominada Logística Verde o Eco Logística. La Logística Verde es la parte de la disciplina que se preocupa por los aspectos e impactos ambientales causados por la actividad logística.

En el curso, que se desarrollara on line entre el 4 de Octubre al 3 de Noviembre de 2010, se muestra como una buena gestión logística puede contribuir a la reducción de los impactos en el medio ambiente. Cada día se encuentra, a instancias de las Normas de la Serie ISO 14.000:2004, el cuidado y reducción de las presiones ambientales tales como la polución del aire, agua y suelo, la eficiencia logística en el consumo de combustibles y mimizacion y reutilización de los desperdicios.

Primer curso de América Latina en su campo, desarrollado por el Grupo de Investigación del Instituto Tecnológico de Logística, y dentro de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial.

Información adicional en: www.grupocsl.org – www. Logisticaonline.org Comunicaciones a: csl.uy@grupocsl.org

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Una decena de empresas de maquinaria agrícola que realizaron negocios con Venezuela aportaron 107.000 pesos al Frente por la Victoria en las elecciones de 2007, que llevaron a Cristina Kirchner a la Presidencia, por un pedido de “colaboración” formulado por representantes del oficialismo que contactaron a quienes habían concretado exportaciones a ese país caribeño.

Fue, según pudo reconstruir La Nacion, la única de las principales fórmulas presidenciales a la que contribuyeron las empresas de maquinaria agrícola en 2007. No hubo aportes de compañías de equipos agrícolas a la fórmula Elisa Carrió-Rubén Giustiniani, por la Coalición Cívica, segunda en las elecciones, ni tampoco al binomio Roberto Lavagna-Gerardo Morales, por la Concertación UNA, que quedó tercero. Lo que desembolsaron los fabricantes para Cristina Kirchner es casi la mitad de las donaciones privadas recibidas por Carrió/Giustiniani.

“Sólo hubo aportes para Cristina”, comentó un industrial que pidió reserva de su nombre. Según el empresario, representantes del partido llamaron a quienes habían exportado a Venezuela “pidiendo colaboración”. El industrial añadió: “Llamaron pidiendo para Cristina y Scioli”. Contó que se enteró de esa requisitoria a los que estaban exportando por otros industriales que integraban el grupo exportador a Venezuela.

Según el industrial, un representante del oficialismo desde Capital Federal y otro desde La Plata se comunicaron a su empresa por esta cuestión. El empresario dijo que no se acordaba de los nombres de quienes llamaron. No aportó. Aunque no le echa la culpa a no haber contribuido a la fórmula Kirchner-Cobos, el empresario dijo que tras ese episodio no volvió a realizar embarques en el marco del convenio con Venezuela. No lo volvieron a llamar, pero, paradójicamente, siguió exportando por su cuenta con un privado.

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El fueloil que ofreció Venezuela a la Argentina llegó por tramos desde todo el mundo. Fueron más de 350 importaciones para consumo local, por al menos US$ 1100 millones. Así, la Casa Rosada palió los efectos de la crisis energética durante el último lustro. Pero, ahora, esos embarques quedaron bajo la lupa judicial.

El juez federal Julián Ercolini dio los primeros pasos para verificar si el fueloil respetó el límite del 1% de azufre que rige en el país. También indagará si se modificó el Sistema Informático María de la Aduana (SIM) para destrabar su registro con un código que ese ente dejó sin efecto en 2008 para evitar la comisión de ilícitos.

El importador fue la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa), que integran distribuidores, grandes usuarios, generadores y transportistas del sector, y preside el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Según reconstruyó LA NACION, sobre la base de documentos oficiales y comerciales reservados, la importación se desarrolló mediante embarques que quedaron asentados en los archivos de la Dirección General de Aduanas (DGA).

En esos archivos consta que los despachos se registraron con el código “NA00″, destinado para el fueloil que podría contener 2% o más de azufre, es decir, por encima de los límites trazados por dos resoluciones de la Secretaría de Energía: la 1283/06, que fijó el tope en 1,4%, y la 150/08, que lo redujo al 1 por ciento.

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El Gobierno, en especial el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, niega y desmiente en cada ocasión la crisis energética. Pero lo cierto es que la falta de combustible obligó a buscar alternativas, y la salvación fue el fueloil, una fracción residual que se obtiene durante la extracción del petróleo. Argentina pagó 1.100 millones de dólares por esta substancia proveniente de Venezuela en los últimos cinco años.

El problema con este combustible es que posee una cantidad elevada de azufre que -al entrar en combustión- libera ácido sulfúrico, uno de los factores que provoca la llamada “lluvia ácida”. Por eso, está prohibido el uso de materiales que contengan azufre en proporción mayor al 1%, de acuerdo con una resolución de la Secretaría de Energía de 2008 (hasta entonces el límite era 1,4%).

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El 28 de febrero de 2006, el ministro de Planificación, Julio De Vido, firmó la resolución 427 que asignaba los viáticos a Claudio Uberti para un viaje de tres días repartidos entre Venezuela y Panamá. Tal como lo dispone el decreto 280/95 —que rige los gastos de los funcionarios en sus misiones fuera del país—, De Vido le otorgó US$ 118 por día durante las 36 horas que permanecería en Caracas y US$ 173 diarios por el tiempo en Panamá. Sin otros argumentos, autorizó 50 mil pesos adicionales para libre disponibilidad de quien era el titular del Organismo Nacional de Concesiones Viales (OCCOVI).

La cifra consta como “gasto eventual” y le permitió al ex funcionario —que perdió el cargo luego de traer en un avión oficial al venezolano Alejandro Antonini con 800 mil dólares—, utilizar más de cuatro mil dólares por día para sus necesidades durante el viaje.

Clarín accedió en exclusiva a esta resolución y a todas las que firmó De Vido para los viajes a Venezuela de varios miembros de su ministerio. En media docena de ocasiones, Uberti es el curioso beneficiario de este abultado plus para “gastos eventuales” .

Entre los ejemplos más llamativos se destaca un viaje a Quito y Caracas en un viaje oficial del ex presidente Néstor Kirchner, donde además de los US$ 241 que le correspondían por 24 horas en Quito y los US$ 236 por sus 48 horas en Venezuela, De Vido le autorizó 25 mil pesos más. En todos los casos, los viáticos se pagaron con partidas del OCCOVI y el ex funcionario tenía obligación de “rendir cuenta documentada de su inversión”.

Si lo hizo o no es una pregunta que Clarín hizo a los voceros de Planificación sin obtener respuesta. A pesar de que se envió por correo electrónico el registro de resoluciones y las consultas sobre las razones y destinos de los viáticos de Uberti, lo concreto es que no hubo información oficial.

En otra oportunidad, el 28 y 29 de abril de 2005, Uberti salió del país “con el fin de asistir a la Convención de Negocios que mantendrá con funcionarios” del gobierno chavista. Por esa estadía le dieron 236 dólares, tal como fija el decreto vigente. Pero además le asignaron 10 mil pesos, es decir 1.300 dólares diarios. Cifras similares recibió cuando viajó a Nueva York en 2006. La resolución 1.587 le otorga $ 9.932 para sus necesidades.

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Movistar, filial de Telefónica, indicó que por dificultades para obtener divisas con las que pagar a las operadoras internacionales suspendió temporalmente el servicio con algunos de los destinos, incluida Argentina. La firma de telecomunicaciones difundió en su página web una nota en la que notificó la suspensión y recomendó a sus clientes informarse de los destinos que quedan fuera de cobertura hasta que se resuelva el problema de las divisas.

Las dificultades por las que pasa Movistar fueron reseñadas también por varios diarios caraqueños, destacándose que la restricción afectada a 15 operadoras de 13 países. En la lista figuran Argentina, Bélgica, Bolivia, Colombia, Croacia, Egipto, Hong Kong (China), Líbano, República Dominicana, Rusia, Siria, Uruguay y Vietnam.

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Nueva vuelta de tuerca en la reforma socialista del sistema financiero que está llevando a cabo el Gobierno del presidente Hugo Chávez. La Asamblea Nacional de Caracas ha aprobado esta madrugada, en sesión extraordinaria, la nacionalización de la principal compañía de seguros del país, Seguros la Previsora.

La compañía estaba intervenida desde finales de 2009 por las autoridades venezolanas cuando junto a media docena de entidades bancarias fue acusada de supuestas irregularidades y fraude. Con esta decisión se declaran de utilidad pública y social las acciones y los bienes que conforman el activo de la compañía y sus filiales, según explicó el presidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea, Ricardo Sanguino, en declaraciones recogidas por los medios del país sudamericano.

La Alta cámara venezolana considera que el uso y aprovechamiento de los activos de la aseguradora, “resultan indispensables para la creación de la Red Nacional Socialista de Seguridad y Asistencia Social Mixta”. El texto aprobado por el Parlamento ha sido enviado al Gobierno para su firma y entrada en vigor.

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Un estudio revela que en la descarga de naftas entre el muelle y los tanques de Petropar, que distan entre sí unos 100 metros, desaparecen seis veces más que los faltantes de combustibles registrados en todo el trayecto fluvial, desde los puertos argentinos, que demoran unos 25 días. En 2009 arribaron al muelle del ente en total 70.739.511 litros y solo cargaron a los tanques 70.473.205, un robo de 266.306 litros.

El proceso de descarga de los combustibles en Petropar tiene una duración de apenas dos días, pero en este lapso desaparecen mayores volúmenes de los derivados de petróleo que durante los aproximadamente 25 días que dura el trayecto fluvial realizado por las barcazas, entre los puertos argentinos y el muelle de la estatal, en Villa Elisa. Un estudio realizado por el consultor técnico Adolfo Albiol, de la Oficina Interna de Investigación (OIDI) de la propia petrolera estatal, evidencia que los hechos desmienten a Juan González Meyer, el doblemente imputado titular de Petropar y protegido del gobierno del “cambio”.

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Actualmente el precio del barril de petróleo supera los 80 dólares, señaló a la 780 AM el presidente de Petropar. El costo en ascenso del crudo obligaría a las autoridades a subir los precios del gasoil, para evitar pérdidas para la estatal, indicó.

Comentó que el pedido será estudiado en los próximos días para luego realizar durante el fin de semana la presentación formal al Ejecutivo. “Vamos a tener que pedir al Gobierno que determine un precio mayor. No podemos volver al subsidio sin ningún tipo de compensación, porque eso es llevar a la quiebra a la empresa”, manifestó.

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Orient Grain SRL. Así se llama la polémica firma que operó desde el séptimo piso del edificio de la calle Piedras 519, donde los investigadores judiciales sospechan que operó una “Oncca paralela”. Es decir, que habría ocultado el funcionamiento de una oficina paraestatal para el cobro de coimas, según reconstruyó La Nacion de fuentes del mercado y tribunalicias.

El nombre de esa sociedad, desconocida aún para la Justicia, fue aportada a La Nacion por empresarios del sector y vecinos que relataron cómo habría funcionado el sistema oficioso para destrabar millones de pesos en compensaciones agrícolas de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).

Constituida por instrumento privado el 23 de abril de 2009, dos mujeres figuran como rostros visibles de Orient Grain: Delfina Urbana Muñoz, de 71 años y domicilio en Quilmes, y Jesica Elizabeth Olguín, de 24 años y de Guernica. Ambas, en teoría, son “empresarias”, según registros comerciales.

Creada con un capital de $ 80.000 para la “explotación y producción agropecuaria en todas sus formas”, incluida la “intermediación en la compra y venta de granos y subproductos agrícolaganaderas”, la firma también abarcó “todo otro servicio en mercados agropecuarios”. Pero en la práctica, Orient Grain apenas operó en ese domicilio, antes de desaparecer de la noche a la mañana, según reconstruyó La Nacion.

Entre aquel inicio y su evaporación mediaron, sin embargo, las primeras revelaciones sobre el presunto pago irregular de compensaciones por la Oncca. Su entonces titular y actual jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, niega esas irregularidades o las atribuye a errores de la gestión posterior, liderada por Emilio Eyras.

Tanto Echegaray como Eyras, al igual que los hermanos Oscar y Fernando Villaverde, entre otros, figuran como imputados en la investigación que instruyen el juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Carlos Cearras. El titular de la AFIP contrató como defensor al ex ministro y ex camarista León Arslanián.

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